DOI: https://doi.org/10.32870/vsao.v6i12.7749
La estrategia policial en Jalisco. El espectáculo de la seguridad, la realidad de la guerra capitalista[1]
Laura García Navarro1
Marcelo Sandoval Vargas2
1 Universidad de Guadalajara
2 Universidad de Guadalajara
Resumen
A partir de la adquisición de costosos vehículos para engrosar la flotilla de la policía del estado, incluyendo tres Cybertrucks, que el gobernador Pablo Lemus justificó como una inversión necesaria para mejorar la percepción de seguridad en una entidad que ocupa el primer lugar a nivel nacional en desaparición de personas, el presente artículo discute la capacidad del Estado de garantizar la seguridad en un orden capitalista en el que la violencia es parte inherente del proceso de acumulación. Ante esta situación propone analizar la seguridad como un espectáculo en donde la tecnología es un recurso valioso; un mito que resulta de utilidad para el Estado y el capital porque legitima el uso de la fuerza para garantizar el orden social, y porque justifica la persecución de clases que resultan peligrosas para su mantenimiento, como los pobres y los trabajadores que, históricamente, han sido vigiladas apelando a la prevención del delito.
Palabras clave: seguridad, tecnología, clases peligrosas, violencia, guerra
Abstract
Based on the acquisition of expensive vehicles to expand the Jalisco's police fleet, including three Cybertrucks—which Governor Pablo Lemus justified as a necessary investment to improve the perception of security in a state that ranks first nationally in the number of disappearances—this article discusses the state's capacity to guarantee security within a capitalist order where violence is an inherent part of the accumulation process. Given this situation, the article proposes analyzing security as a spectacle where technology is a valuable resource; a myth that is useful for the state and capital because it legitimizes the use of force to guarantee social order, and because it justifies the persecution of classes that are dangerous to its maintenance, such as the poor and workers who have historically been surveilled under the pretense of crime prevention.
Keywords: Security, technology, dangerous classes, violence, war
Recibido: 10/08/2025
Aceptado: 22/08/2025
Introducción
A inicios de julio de 2025, el gobernador del estado de Jalisco, Pablo Lemus, presentó los vehículos recién adquiridos por su administración (incluyendo tres Cybertrucks de la marca Tesla)[2], en el marco de su estrategia de seguridad, que destacaron tanto por su alto costo como por la serie de medidas tecnológicas que incorporaban. En una amplia explanada, rodeado de medios de comunicación y de funcionarios de las instituciones locales de seguridad pública, en una verdadera puesta en escena del poder coercitivo del aparato estatal, el gobernador resaltó que con la adquisición de los vehículos se buscaba mejorar la percepción de seguridad de los jaliscienses y fortalecer el combate al crimen.
En una entidad que ha visto incrementar los niveles de violencia en los últimos años y que ocupa a nivel nacional el doloroso primer lugar en desaparición de personas, la decisión del gobierno de Lemus fue recibida por unos como un derroche de recursos que podrían estar mejor destinados a la capacitación de los policías y ministerios públicos y el mejoramiento de sus condiciones laborales, y por otros como una forma de dotar a estos funcionarios de recursos tecnológicos que mejoren su actuación frente a organizaciones criminales que parecen estar mejor equipadas. Ninguna de estas posturas pone en entredicho cuestiones de fondo como la seguridad y la capacidad del aparato estatal de proporcionarla al grueso de la población.
El presente artículo tiene como objetivo discutir lo que detractores y defensores de la compra de las Cybertrucks dejaron de lado en sus argumentos: que este acto de gobierno es una expresión reciente y local de la seguridad como espectáculo que distrae la atención pública del hecho de que el Estado es incapaz de garantizar esa protección a la sociedad en tanto que la inseguridad es parte indisociable, efecto y condición, del orden social desigual y del proceso de acumulación capitalista.
El primer apartado analiza la idea de la seguridad como mito necesario para legitimar la dominación estatal y salvaguardar el proceso de acumulación, y la relevancia para el mantenimiento de ese mito de la construcción de una clase peligrosa compuesta por aquellas clases que representaran una amenaza para el Estado y el capital.
El segundo apartado se centra en el papel desempeñado por la tecnología y la información de la sociedad en general y de las clases peligrosas en particular en la dominación del Estado y la estabilidad del orden capitalista, recuperando la importancia que históricamente ha tenido para la institución de la policía el control y conocimiento de los pobres y los vagos, no tanto por los delitos que pudieran cometer, sino porque había que castigar la improductividad y desincentivar otras formas de vida que no dependieran del trabajo asalariado.
El tercer apartado reflexiona en torno a la incapacidad del Estado de garantizar la seguridad de la sociedad en la modernidad capitalista caracterizada por el recrudecimiento de los procesos de acumulación, a través de la destrucción de la vida, el despojo de los territorios y el uso de la violencia extrema contra los cuerpos de las personas.
Por último, se reflexiona sobre la esterilidad de cualquier estrategia de seguridad que no considere la superación del capital.
La escenificación de la seguridad pública
A inicios de junio de este año el gobernador del estado de Jalisco, Pablo Lemus, montó una presentación para dar a conocer a los medios y a la sociedad, los diferentes tipos de vehículos adquiridos para labores de seguridad, entre los que destacan varios automóviles de la marca Tesla, llamados Cybertruck, de los que resaltó sus características tecnológicas. De acuerdo con Lemus, estas unidades se convierten en centros C2 móviles (videovigilancia), y pueden acceder a “bases de datos de delincuentes” en todo momento, incluso en áreas sin señal de internet (2025). El objetivo de su adquisición era en gran medida, según Lemus, mejorar la percepción de seguridad en la entidad.
Las reacciones que se dieron a esta compra fueron diversas: para unos era una decisión desatinada, pero insignificante ante la magnitud del problema a enfrentar; para otros, que creyeron estar haciendo una crítica con el fin de exponer al gobernador, se trató de un derroche innecesario de recursos que demuestra la falta de estrategia para el combate a la inseguridad, particularmente ante el problema de las desapariciones en el estado, y la ausencia de un enfoque de la “seguridad ciudadana” que tome en cuenta los derechos humanos y busque la construcción de paz. Lo que no se discute, ni en el discurso de Lemus ni en el de sus detractores, es que detrás de esta compra está la construcción de una puesta en escena que tiene como finalidad mantener el mito de la seguridad, que tanto favorece al capital y al Estado.
Ese mito, construido al menos desde el siglo XIX, imposibilita ver el contenido real de este mundo. Al declarar que el “régimen de inseguridad social da lugar a una política de seguridad y, en esta política de seguridad, el poder policial es central” (Neocleous, 2022, p. 27), se niega que el régimen de inseguridad, la guerra de clases, es inseparable de la reproducción del mundo y por tanto la violencia no terminará con leyes e instituciones adecuadas, con un cuerpo de policía civil respetoso de los derechos humanos y una infraestructura suficiente. El capital es violencia permanente para convertirlo todo en mercancías. La producción y reproducción de este mundo no requiere estabilidad, se alimenta de su propio caos y destrucción.
Si una de las caras que hace posible la reproducción de la sociedad de las mercancías es la violencia, la otra cara, que es pertinente reconocerla como fundamental, particularmente en el tardocapitalismo, es el mundo de las apariencias; el espectáculo como lo llamó Debord (2017). El espectáculo es la condensación o la síntesis de las apariencias y la separación, es decir, de la alienación y el fetichismo, configurando un mundo falsificado que oculta-niega lo auténtico y que impide la comprensión y crítica del mundo. Cuando el gobernador de Jalisco, expresa que lo que importa es mejorar la percepción de seguridad en la entidad, debajo de esas apariencias están dos cuestiones: que ante la imposibilidad del Estado de no poder garantizarle la seguridad a la clase propietaria, puesto que la violencia, al ser lo que permite la reproducción del capital, está en todas partes, la única salida es suplantar la seguridad por un espectáculo de seguridad. En otras palabras: el Estado, bajo las condiciones actuales de subsunción total de la sociedad al capital (Vela, 2018), al no poder garantizar a sus ciudadanos la mínima seguridad no tiene otra opción que crear una apariencia de seguridad que maquille la guerra del capital en su proceso por subsumirlo todo, por su necesidad de valorizarse de manera infinita, en un mundo donde los recursos son finitos, incluyendo los “recursos humanos”. En esta situación lo único que le queda al Estado para mantener el orden social, para que el partido de la estabilidad (la clase media) se sienta tranquilo, es el autoengaño; llevarlos a creer que están seguros, que sus posesiones, que la producción de mercancías y la sumisión de las clases peligrosas está garantizada.
En el realismo capitalista (Fisher, 2019), la seguridad es una apariencia más dentro de una acumulación de apariencias (Debord, 2017). Ya no existe un orden social, sólo queda una representación de la ley y el orden, constituido como pseudomundo, que oculta la guerra social, la destrucción de vidas y territorios por parte del capitalismo. Por tanto, el deber que se le ha adjudicado al gobierno de dar seguridad, de construir paz, de hacer cumplir el estado de derecho, en la actualidad no es más que un conjunto de “tareas espectaculares” (Debord, 2017, p. 25). Es, como lo afirma Debord, “el movimiento de banalización” (2017, p. 26) que ahora domina todas los espacios y las actividades realizadas por las clases superiores, para evitar que se muestren como lo que realmente son, actividades que producen muerte, explotación y destrucción. Ahora “es el poder gubernamental quién se personaliza en pseudo-vedette [porque] ha renunciado a toda cualidad autónoma para identificarse con la ley general de la obediencia al curso de las cosas” (Debord, 2017, p. 26 y 27).
Ver más allá de este velo es necesario para comprender el papel de la noción de seguridad y de sus instituciones —el ejército, la policía— en el mantenimiento del orden social y del proceso de acumulación. Por tanto, cuando desde el gobierno se hace la defensa de la ley y el orden y la necesidad de crear un estado de seguridad, debemos saber que no refieren a llevar a cabo una serie de medidas para proteger a la población, sino que “en un orden capitalista, la seguridad es el derecho supremo porque es la seguridad la que garantiza la preservación de la propiedad” (Neocleous, 2022, p. 26). Y, además, sirve recalcar una vez más que “el capital es nada menos que una guerra social, y el conflicto entre clases, la guerra civil más significativa de la historia. De hecho, esta guerra de clases se lleva adelante como una guerra policial generalizada” (Neocleous, 2022, p. 32). En este proceso fue fundamental la separación de los trabajadores de sus medios de producción y su asociación con las clases peligrosas, a las cuales el Estado, justificado por el mito de la seguridad ciudadana y través de su institución de control doméstico, la policía, tenía la obligación de contener.
Seguridad, información y las clases peligrosas
Además de resaltar su alto costo, los medios que cubrieron la presentación de los Cybertrucks, que se suman a las “mil quinientas nuevas cámaras de videovigilancia con inteligencia artificial y tecnología avanzada, y a la inversión millonaria para modernizar el sistema Escudo Urbano C5 (Álvarez Gutiérrez, 26 de mayo de 2025)[3], le dedicaron particular atención a la enumeración de sus recursos tecnológicos para el “combate del crimen”: cámaras de seguridad, detección de mapas de calor, reconocimiento de placas, datos de personas desaparecidas y de órdenes de aprehensión pendientes (Huerta, 24 de mayo de 2025). El mismo gobernador Pablo Lemus lo hizo: “pueden ver la pantalla; aquí se pueden checar bases de datos de delincuentes” (Lemus Navarro, 2025).
Tal despliegue de tecnología parece justificarse por sí solo en una entidad en la que hay reporte de más de 15 mil personas desaparecidas (Secretaría de Gobernación, s.f.), en la que 86% de las órdenes de aprehensión sin cumplir tienen más de un año de antigüedad (Magallón, 30 de julio de 2025) y en la que solo en el 34.6% de las carpetas de investigación abiertas y averiguaciones previas iniciadas se tiene una persona inculpada o imputada (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2023: 37). Pero, partiendo de la idea de seguridad como el mito legitimador del mantenimiento del orden social capitalista, cabe preguntarse sobre la finalidad de esta adquisición, a quiénes se refieren los actores estatales con “los delincuentes” y a quiénes se busca proteger.
Aunque pudiera parecerlo, este despliegue de tecnología no es producto de la crisis de seguridad que vive la entidad, sino una expresión reciente y localizada de la pretensión del Estado de mantener su dominio y la estabilidad del orden capitalista a través del control de los medios de conocimiento de la sociedad. Como lo plantea Mark Neocleous, la asociación entre conocimiento y poder estatal ha sido largamente reflexionada en la teoría del Estado. Hobbes, por ejemplo, sostenía que en el “estado de naturaleza” el conocimiento no era posible en tanto que mientras hubiera desorden en el plano político habría desorden en el plano de las ideas. De ahí que el poder del Leviatán —como llamó el autor al Estado, asociándolo al mítico monstruo de tamaño y fuerza descomunal— residiera en parte en su capacidad de producir y regular el conocimiento (2003, p. 48). En esta asociación coincidían autores como Bentham y Mill, Keynes y Russell para quienes el conocimiento sin Estado era inconcebible (Richards en Neocleous, 2003, p. 48 y 49). Hegel, por su parte, afirmaba que “la verdadera idea es la racionalidad real y que ésta es la que existe como Estado” (2000, p. 323).
La dominación estatal a partir del monopolio del conocimiento es también analizada desde el marxismo, específicamente desde la división entre trabajo manual y trabajo intelectual que propone Marx. Nicos Poulantzas sostiene que esta división permite, en primer lugar “la legitimación de un poder como derivado de una práctica científica racional” (2005, p. 60), idea que se sostiene con la construcción simbólica del Estado como un ente supuestamente autónomo de la sociedad y de sus trabajos productivos, y con la cooptación, no solo de los intelectuales —y los técnicos, en este momento histórico de culto a la tecnología— para formar parte de sus agencias, sino de la ciencia misma, así como el capital se apropia de la ciencia en la fábrica (2005, p. 63).
En segundo lugar, la escisión entre trabajo manual e intelectual y la apropiación de este por parte del Estado genera asimetría en el acceso a la ciencia y al conocimiento. Al justificarse la separación de los aparatos de Estado del resto de la sociedad en la idea de que son poseedores de un saber y un discurso distinto, los sectores dedicados al trabajo manual quedan excluidos de estos: “la monopolización permanente del saber por el Estado-sapiente-locutor, por sus aparatos y sus agentes, es lo que determina igualmente las funciones de organización y de dirección del Estado, funciones centralizadas en su separación específica de las masas” (2005, p. 62).
Neocleous también se refiere a la asimetría en el acceso al conocimiento. Sostiene que la sociedad civil al carecer de “máquinas de espionaje”, como les llama a los sistemas de inteligencia que les permiten a los Estados mantener el control no solo frente a amenazas exteriores sino también a sus rivales domésticos, a lo más que pueden aspirar es a instaurar mecanismos de vigilancia[4], pero la desigualdad técnica y organizacional la deja siempre en franca desventaja (2003, p. 50).
La millonaria inversión del gobierno de Jalisco en tecnología destinada al control de la población con fines de seguridad, muestra la asimetría a la que se refieren los autores. Dicha tecnología no solo es inaccesible por su elevado costo (inaccesible para la mayoría, menos, tal vez, para los grupos a los que dice, busca detener[5]) sino que el discurso al ser cada vez más tecnificado (c2, c4, c5), es menos comprensible para el grueso de la población. Asimismo, las corporaciones policiacas incrementan su diferenciación al requerir para su actividad, según el mito de la seguridad en la época del culto a la tecnología, mayor especialización y conocimiento técnico.
El distanciamiento de los cuerpos policiales, fomentado en gran medida por la vigilancia automatizada, ha dado lugar a lo que autores como García et. al. (refiriéndose a un caso similar en España) llama “policía de lejanía” y otros “policía abstracta” (2021, p. 80): “la policía abstracta también depende menos del conocimiento personal de los agentes, ya que este se sustituye cada vez más por el 'conocimiento del sistema', enmarcado en la 'lógica' y las categorizaciones de los sistemas de datos informáticos” (Terpstra, Fyfe y Salet, citados en García y varios, 2021, p. 80).
La “policía abstracta” alimenta a su vez la ilusión de una relación automática y sin la intermediación del factor humano entre tecnología y seguridad. Esto resulta de utilidad para el aparato estatal en al menos dos sentidos: en primer lugar, porque al desplazar del centro a los policías, en una sociedad habituada a sus abusos, sus faltas y sus errores, se recupera la confianza en la supuesta capacidad del Estado de proporcionar seguridad. Segundo, porque refuerza la imagen del Estado como una institución que opera desde la objetividad y la imparcialidad, valores centrales en la teoría del Estado democrático y de derecho, y de sus agentes como sujetos que realizan sus funciones con racionalidad y eficacia, en una correlación lógica y coherente entre medios y fines. Como sostienen García et al., esta perspectiva “alimenta una visión en la que lo social existe de manera objetiva e independiente de quien lo observa, y en la que el acceso exclusivo a los misterios revelados por el big data proporciona a las autoridades una especie de 'visión divina'” (2021, p. 81).
En esta tecnificación de la seguridad parece ocultarse (convenientemente) que el nexo entre el uso de la tecnología y el delito a perseguir y el delincuente a detener es la policía, el cual históricamente ha desempeñado un papel fundamental en el orden capitalista, controlando a las clases que representaran una amenaza para este.
La lógica que instituyó el poder policial entre los siglos XVIII y XIX, fue el uso de la violencia para convertir a las clases peligrosas en trabajadores disciplinados y obedientes, para que el trabajo se volviera el centro a partir del cual debía configurarse su existencia y, simultáneamente, la protección de la clase burguesa, proteger la propiedad y evitar que se obstruyera la producción en el proceso de acumulación primitiva, que, como dice Neocleous:
[…] constituye las relaciones sociales capitalistas a partir de la separación del grueso de la población de los medios de producción. Este proceso tiene una evidente importancia histórica ya que, sin separar a los trabajadores de los medios de producción, no podría haberse originado el capital; sin dicha separación, no puede haber acumulación capitalista (2022, p. 28).
Siguiendo con lo planteado por este autor, que el surgimiento en Europa de la policía se diera tras la caída del feudalismo muestra su relevancia para el orden capitalista: al encontrarse unidos el dominio económico y político en este régimen, y al ser la servidumbre una forma de “explotación económica y de coerción política y legal”, su sustitución por el régimen capitalista implicó la necesidad de desarrollar nuevos mecanismos de control de los individuos que ya no estaban sujetos al control del señor feudal, que podían moverse con mayor libertad en búsqueda de fuentes de trabajo, y que, debido a su pobreza (condición en la que se encontraba la mayoría de la población), representaba una amenaza para el orden que iba instaurándose (2022, p. 78).
Este fenómeno se observa con mayor claridad cuando se analiza la especial atención que ha brindado dicha institución a la cuestión de la pobreza y la vagancia. Neocleous señala que la policía desde sus inicios ha tenido la necesaria función para el sistema económico y el aparato estatal, de mantener el delicado equilibrio entre evitar que los pobres reaccionen con violencia a sus necesidades insatisfechas, y mantener su permanencia en tanto que la pobreza es consecuencia de la formación de la sociedad civil y parte inherente del proceso de acumulación de riqueza:
El poder policial del Estado es el principal mecanismo para supervisar la pobreza. Pero el punto crucial aquí es el siguiente: la policía tampoco es la solución. Dado que no puede abolir la pobreza, porque al hacerlo se aboliría la sociedad civil, lo único que puede hacer la policía es impedir que la clase afectada por la pobreza se transforme en una plebe empobrecida y delictiva (2022, p. 151).
Si bien la vigilancia de este sector por parte de la policía es justificada con fines preventivos, para evitar que su pobreza no lo lleve a cometer delitos, en el fondo lo que realmente se persigue es la improductividad y cualquier forma de subsistencia que no dependa del trabajo asalariado. De ahí la centralidad del trabajo en las acciones estatales dirigidas a la población pobre, dividida entre los pobres menesterosos que por discapacidad o su edad, tenían dificultad para incorporarse a la fuerza laboral y por lo tanto subsistían de la mendicidad o la beneficencia pública y privada; y los pobres criminales, es decir, aquellos que tenían las condiciones físicas para trabajar, pero no lo hacían. Para los primeros, se desarrollaron una serie de instituciones asilares que cumplían el doble propósito de proporcionarles los mínimos necesarios para mantener su subsistencia y fomentar en ellos el valor del trabajo; las workhouses en Reino Unido, que se mantuvieron hasta la mitad del siglo XX, son un claro ejemplo de esta política social dirigida a los pobres menesterosos.
Para los segundos, existían disposiciones legales destinadas a castigarlos, utilizando desde los trabajos forzados hasta la violencia física, como una forma de desalentar la improductividad. Marx, por ejemplo, recupera una ley de 1530 que establecía que a los vagos robustos “se los debe amarrar a la parte trasera del carro y azotar hasta que sus cuerpos derramen sangre” (citado en 2022, p. 29). Esa postura no se limitó a Europa: en México la vagancia comenzó a perseguirse desde el periodo virreinal, mientras que la mendicidad fue sancionada a partir de 1845 (Arrom, 1989, p. 220). Incluso durante el periodo posrevolucionario, cuando el imaginario en torno a la pobreza pasó por una importante transformación, los vagos y mendigos fueron perseguidos por fuerzas policiales en campañas denominadas razias, que tenían como finalidad removerlos del espacio público y llevarlos a la institución pública correspondiente según sus características (edad, género, fuerza física, discapacidad) por lo que se observa que el criterio del policía desempeñaba un papel fundamental en esta acción (García Navarro, 2024, p. 239).
Entre el temor a la desestabilización política y la necesidad de eliminar la ociosidad y fomentar el valor del trabajo asalariado, las clases pobres se convirtieron en clases peligrosas para el Estado y para el capital y por lo tanto su estudio y clasificación se volvió una urgente necesidad para ambos. En esta empresa la institución policiaca desempeñó un rol de suma importancia, apoyado en los avances desarrollados en las ciencias y humanidades:
Estos textos [las nomenclaturas de criminales] realizan una operación de policía, asignan en un mismo lugar individuos diferentes, les dan consistencia y coherencia. Son instrumentos de poder e instituyen la identidad colectiva. […] La dimensión institucional y policial rige estas representaciones, que atestiguan de la importancia de las “listas” en la creación de los saberes de Estado y de los índices como instrumentos políticos (Kalifa, 2018, p. 118).
Los avances en la estadística y su uso con fines de seguridad siguieron esta misma lógica. Como sostiene Neocleous, los análisis estadísticos policiales, que tenían un evidente tinte moral, se centraron en clasificar y ordenar grupos considerados problemáticos que, a pesar de sus diferencias (criminales, prostitutas, ebrios, vagos) eran unidos por su pertenencia a una clase empobrecida y por ser considerados un riesgo para el orden burgués (2003, p. 54).
En vínculo con todo lo anterior, el anuncio del gobernador de Jalisco sobre el acceso que tendrá la policía del estado en todo momento y lugar a las listas de criminales y personas desaparecidas no deja de recordar esta obsesión del Estado por tener información amplia y ordenada sobre los sectores más vulnerables que, a la par, representan una amenaza a su estabilidad. Resalta que una de las respuestas gubernamentales más mediáticas a un problema que evidencia la incapacidad del Estado de garantizar la seguridad de la población, sea precisamente el mayor control de los datos de un grupo en el que un amplio porcentaje está conformado por personas que padecen las más crudas consecuencias de un sistema económico voraz.
Esta postura por parte del aparato estatal, se hace más evidente si se toma en consideración que a nivel federal la última estrategia destinada a atender la desaparición de personas es brindarles a las instituciones en materia de seguridad un acceso mayor y sin candados a cantidades de información a las que antes solo podían acceder al margen de la ley y en la clandestinidad. Las reformas a la Ley General de Población y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025, establecen una serie de medidas que, entre otras cosas, autorizan a las fiscalías y comisiones de búsqueda el acceso a todos los datos biométricos e identificativos de las personas que tengan el estatus de desaparecidas o no localizadas. Asimismo, contempla la creación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica de toda la población como forma oficial de identificación. Los funcionarios responsables no han logrado demostrar la forma en que estas medidas son útiles para encontrar a las personas desaparecidas, e incluso han sido rechazadas por colectivos de búsqueda porque, dicen, “no sirven para buscar, sino para espiar” además que, la reunión de datos de toda la población en una plataforma única, la hace vulnerable a “hackeos” (García, 2 de julio de 2025). No se dice con claridad que el hecho de que el Estado a través de sus instituciones de seguridad tenga acceso a esa información es en sí mismo un riesgo, principalmente para aquellas históricas “clases peligrosas” como los marginados, los periodistas críticos y cualquier grupo que lo ponga en cuestión. Tampoco se dice que la protección de la población y el combate del crimen se convierten en el mito que legitima la pretensión estatal de ordenar e intervenir en la vida social y que justifica su mera existencia como presunto garante de la seguridad.
El problema de la seguridad: guerra y violencia capitalista
La noción de seguridad nace y es inseparable de la configuración de las relaciones sociales capitalistas y el Estado moderno. Aunque está vinculado a la protección de las clases superiores y la propiedad, no está asociada a la noción de propiedad que se instituyó como atesoramiento en las sociedades premodernas, donde la clase propietaria asumió la protección de sus posesiones y de su persona como una responsabilidad personal y privada. Únicamente en el capital, donde la propiedad privada es una forma en que se expresa el valor, cuando la clase burguesa se autodenominó la mayor defensora de la esfera privada de la vida y de la individualidad, la seguridad se concibió como un asunto de toda la sociedad, por eso se expresó como una tarea de orden público, a través de la institución del Estado moderno.
Esta aparente contradicción en realidad revela dos cosas, la primera, que el capital concibe a la sociedad como un apéndice del mercado (Polanyi, 2017), por tanto, todo queda subsumido al proceso de producción de valor. Lo único que importa para el capitalismo es valor, de ahí que se vuelve necesario cuidar dicho proceso en todas partes y a toda hora, planteando la cuestión de la seguridad como un asunto general de la sociedad. Y segundo, en la primera etapa de la sociedad la implementación de mecanismos legales y violentos expresados en la noción de seguridad es una expresión de la guerra de clases que el capitalismo libra contra las clases peligrosas en su batalla por convertirlos en trabajadores.
Todo lo que está alrededor de la implementación de la seguridad pública: —instituciones, leyes, prácticas e ideas—, tiene la intención de disciplinar, doblegar y someter a las personas por medio de la violencia y mediante mecanismos represivos, con el objetivo de crear una forma concreta de reproducción de la vida cotidiana que no obstruya ni se contraponga a la producción de valor. La apuesta es que los nuevos trabajadores asuman estas condiciones de tal forma que los mecanismos represivos, se conviertan en una dinámica autorrepresiva por medio de la interiorización de las categorías del capital en todas las esferas de la vida. Algo que en el mundo de las mercancías no se propone que ocurra de manera consensuada, sino que se expresa de manera violenta puesto que se trata de una guerra contra las personas y los territorios.
Uno de los aspectos que la seguridad pública pone al descubierto, es la conciencia desventurada de la burguesía, ya que en los argumentos que la justifican y defienden dentro de la ideología liberal, se manifiesta la inmediatez de su pensamiento, es decir, la imposibilidad de comprender su propia realidad y condición. Esto se expresa cuando en los primeros pasos de la modernidad capitalista se piensa que lo que garantiza la reproducción de su mundo es la estabilidad, creen que la paz y la armonía benefician el progreso de la sociedad, ayuda al funcionamiento del mercando y permite que la producción de mercancías no se vea interrumpida, por tanto ven en el poder policial (Neocleous, 2022) que está detrás de la fundamentación de lo que se erigió como seguridad pública a cargo del Estado, como el garante de ese orden social y esa estabilidad; no hablan de “violencia, sino en otra cosa, generalmente seguridad, ley y orden, paz y tranquilidad, el bien de la comunidad, una función policial consentida y que no se ejerce a través de la coerción” (Neocleous, 2022, p. 19). Pero lo que ocurre realmente, lo que significa auténticamente el poder policial, es que la implementación de todos los mecanismos asociados a la seguridad pública concreta es una guerra contra las clases peligrosas, es decir, contra las personas que rechazan reducir su vida al trabajo, que resisten a la destrucción de sus comunidades y territorios, que se niegan a relacionarse con el mundo y con las otras personas como cosas, por eso, “la idea del delincuente como criatura que se encuentra en guerra con la sociedad ha sido un argumento fundacional del pensamiento policial burgués” (Neocleous, 2022, p. 23).
Entonces, ¿qué es el poder policial que encubrieron los dispositivos de seguridad pública en los primeros pasos del capitalismo y el Estado-nación? Una guerra porque la puesta en marcha de los procesos productivos asociados al capitalismo entrañó la implementación de un mercado de tráfico de personas que se tradujo en la deportación, de acuerdo con Beckert (2019), de millones de africanos a América convertidos en esclavos y sujetos a la explotación en plantaciones, minas, etcétera. Beckert habla que se esclavizaron alrededor de 8 millones de personas provenientes de África, quienes eran cazados o se les pagaba a caciques locales quienes vendían personas a cambio de tejidos de algodón o metales preciosos provenientes de América, obtenidos gracias a una de las mayores expropiaciones de tierra de la historia (Beckert, 2019). Lo que revela que la edificación y la base misma del mundo moderno, así como la conversión misma de personas en trabajadores, unos como asalariados y otros como esclavos, se dio a partir de una inmensa cantidad de sufrimientos, donde esclavitud y “trabajo libre” o asalariado coexistieron sin ninguna contradicción (Beckert, 2019). La primera etapa de esta guerra entrañó una segunda, en la que “no solo que el poder policial se encuentra en guerra siempre, sino que está en guerra contra un enemigo interno” (Neocleus, 2022, p. 24).
Poner atención a la primera etapa de la modernidad capitalista permite desmontar la falsa asociación entre libertad y trabajo que se intentó imponer con la noción trabajadores libres, que se incorporó bajo el termino: trabajo asalariado. Las mujeres y los niños, huérfanos en su mayoría, en las primeras fábricas capitalistas eran todo menos libres, estuvieron en condiciones de semiesclavitud (Beckert, 2019), además, fueron sometidos de manera permanente a condiciones como acoso sexual, accidentes, hediondez y hacinamiento (Van Daal, 2015). Para los trabajadores: niños, mujeres y hombres, está nueva dinámica histórica, dominada por “los engranajes del péndulo y las de las máquinas [que] unen su movimiento inexorable para quebrar el espíritu y la osamenta de los pobres” (Van Daal, 2015, p. 37). Les expolió su tiempo libre y se sostuvo con la destrucción de los vínculos comunitarios (Van Daal, 2015).
En los primeros pasos del capitalismo, entre el siglo XVII y principios del siglo XIX, los espacios de trabajo nunca fueron apacibles. Las plantaciones, las minas, las fábricas, los talleres eran lugares de sufrimiento para las obreras y los obreros, todos los días les atravesaba una serie de prácticas y dinámicas nocivas para su vida y significaron, al mismo tiempo, “un centro potencial de rebelión política” (Thompson, 2012, p. 215). De manera destacada, dichas condiciones de existencia estuvieron centradas de manera primordial, durante este periodo, contra mujeres y niños. Los primeros pasos del capitalismo de guerra, como lo nombra Beckert (2019), o la etapa de acumulación originaria como lo propusieron Marx (1977) y Luxemburg (1967), la clase obrera la conformaron en su mayoría mujeres y niños, en Europa, así como poblaciones colonizadas de América, Asia, Oceanía y poblaciones esclavizadas de África. Así, poner al descubierto el contenido real que se encubre bajo los discursos que aluden a la seguridad, a la ley y el orden, permite comprender el
[…] corazón del orden capitalista: a la violencia de la separación de los trabajadores de los medios de subsistencia, a la constitución del trabajo asalariado, a la gestión de la subjetividad política, a la implantación de “la ley y el orden” en nuestros corazones y en nuestras mentes, y a la inculcación de la seguridad en nuestras almas (Neocleous, 2022, p. 25).
La modernidad capitalista produce un mundo que se sostiene por dos pilares de acuerdo con Mumford (2013): el trabajo mecánicamente organizado y la destrucción mecánicamente organizada, que provocan la destrucción de las comunidades y de la iniciativa personal. La explotación capitalista, el trabajo como una singularidad puramente económica (Wood, 2018), se sostiene a partir de un poder y formas de violencia extraeconómicas (Wood 2021), como el Estado, el colonialismo y los grupos organizados para el latrocinio (rackets), que garantizan el orden y la regulación necesarios para la reproducción del capital, como expansión universal del mundo de las mercancías. El trabajo como negación de la pluralidad de actividades creativas humanas, es un no-hacer que da lugar exclusivamente a mercancías, por tanto, a valor abstracto.
El mundo del capital y el Estado producen mercancías y ganancias por medio de la barbarie y el robo. Requieren del caos para acumular. El capital y el Estado son la guerra. En este sentido, no podemos plantearnos la tarea de pensamiento ni el de la práctica política al margen del concepto de guerra. Cualquier proyecto y esfuerzo de reflexión, organización y acción que se proponga salir del caos que provocan el capitalismo y el Estado, debe preguntarse no sólo cómo enfrentar la guerra, sino como destruir de manera definitiva al capital y el Estado. Debemos ser capaces de crear una estrategia que dirija todos nuestros esfuerzos y energías hacia la destrucción de toda forma de dominación.
Al experimentar todos los días la guerra total, productora de un estado permanente de pánico e impotencia, surge la sensación de que nos estamos acercando, o ya estamos situados, en un momento donde la destrucción de la vida y de lo humano es la regla. Donde el Estado es sólo una fuerza más que destruye la vida, que se disputa con otras fuerzas el control de territorios y personas; en el mismo sentido los mercados capitalistas que se encuentran dentro de la legalidad sólo son unos mercados que se disputan con otros mercados, que por el momento se categorizan como ilegales, la destrucción y reordenamiento de vidas y espacios. Su ilegalidad está dada por el hecho de que generan más ganancias.
Para los poderosos, el espectáculo es la única posibilidad de participación, una que se realiza en términos de apariencia y pasividad, donde la capacidad de hacer e imaginar está subsumida al mundo instituido. La política del espectáculo es la que llevan a cabo los ciudadanos, esos sujetos que se conforman en el momento en que individuos atomizados delegan el destino de su vida, cuando deciden abandonar el compromiso de hacerse cargo de su propia existencia. Quienes ocupan los cargos de poder y sueltan frases banales todos los días, lo hacen en medio de una guerra, sobre fosas clandestinas, a costa de la vida de desaparecidos, de mujeres asesinadas, de jóvenes y niños esclavizados.
En México, los mecanismos y formas de despliegue de la etapa actual de la guerra histórica del capitalismo tomó tintes particulares en 2006, momento en que se comenzó a experimentar un aumento de la violencia estatal contra los pueblos; violencia y represión que irrumpió de manera clara con dos acontecimientos que marcaron el inicio de una nueva política estatal, reflejo del recrudecimiento de los procesos de acumulación, a través de la destrucción de la vida, los territorios y los cuerpos de las personas.
En ese año el gobierno mexicano reprimió al pueblo de San Salvador Atenco, estado de México; pueblo que defendía su tierra desde el 2001 ante las pretensiones de construir sobre su territorio un aeropuerto. En mayo de 2006, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), organización que aglutinaba a los ejidatarios de Atenco, decidió acompañar a unos floristas que resistían un desalojo por parte de la policía. Frente a este acto de solidaridad, la policía respondió con represión y violencia, por lo que algunos floristas y los líderes del FPDT se alojaron en una casa durante varias horas para protegerse. La acción represiva obligó a los miembros del FPDT a bloquear una carretera que comunica al estado de México con la capital del país, para exigir la liberación de los floristas y ejidatarios de Atenco. La respuesta por parte del gobierno fue un operativo policiaco-militar que tuvo la intención de aprehender a sus líderes, acusándolos de secuestro; el pueblo fue invadido por policías, que estaban en busca de cualquier poblador o persona que hubiera ido a solidarizarse con la gente de Atenco; cuando encontraban a alguien lo golpeaban y detenían. El saldo final fue dos personas asesinadas, decenas de mujeres vejadas y violadas por los propios policías, decenas de personas golpeadas y torturadas. A todos ellos se le encarceló por varios años por delitos que no cometieron. La represión se utilizó para romper la organización y resistencia del pueblo, así como amenazar todas las luchas, movimientos y organizaciones del país.
La segunda acción represiva ocurrió en noviembre de 2006, fue otro operativo policiaco-militar; esta vez contra los pobladores de ciudad de Oaxaca, los pueblos indígenas y las organizaciones que protagonizaron este movimiento insurreccional, que desde junio de ese año organizaron una de las mayores experiencias de lucha y auto-gobierno de las últimas décadas. Fue conocido como la Comuna de Oaxaca y fue obra de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). El movimiento irrumpió como respuesta al intento del gobierno de desalojar un plantón de maestros de educación básica en el zócalo de esa ciudad, que se montó en mayo en exigencia de aumento salarial y mayores derechos laborales. Cuando los policías comenzaron a atacar a los profesores, la gente salió de sus casas en defensa de los maestros. Primero volvieron a instalar el plantón, pero la organización no quedó en eso, decidieron de manera espontánea tomar bajo su control la ciudad. La insurrección se llevó a cabo mediante la instalación de barricadas en todos los barrios, tomaron varias radios, universitarias, gubernamentales y comerciales, así como la televisión estatal; utilizaron los medios de comunicación para dar a conocer su lucha y hacer denuncias del hostigamiento que llevaba a cabo el gobierno, pero no sólo, lo más importante fue que los usaron como organizadores del movimiento. Durante los meses de insurrección el gobierno se escondió y la gente organizó la vida de toda la ciudad. La experiencia duró alrededor de 5 meses, tiempo en el que fue permanente la violencia del Estado: convirtió a los policías, vestidos de civil, en un grupo paramilitar que por las noches salía a atacar con armas de fuego a la gente de las barricadas; todos los días había enfrentamientos con las fuerzas del orden en distintos puntos de la ciudad; constantemente se hostigaba los territorios controlados por los insurrectos. Finalmente, en el mes de noviembre el gobierno realizó un operativo policiaco-militar que recorrió calle por calle con tanques y hombres armados con la intención de destruir las barricadas, golpear, encarcelar y asesinar a quienes mantenían la resistencia. Hasta el momento no se sabe con seguridad cuantas personas fueron asesinadas, desparecidas y encarceladas, pero se calcula en cientos.
Lo que representan estas dos represiones es la recreación de una política estatal; una que está caracterizada por el estado de excepción para los pueblos, donde la violencia es la primera respuesta gubernamental con el fin de garantizar la acumulación y la ganancia de los capitalistas, y que lo que implica es la intensificación y reconfiguración de la guerra capitalista, esa conflagración de largo aliento entre los desposeídos y los poseedores, un mundo dominado por relaciones sociales de explotación, jerárquicas, patriarcales y coloniales. Y el único modo de resolver este problema sigue siendo proponernos la abolición de la sociedad de clases, y para abolirla el pensamiento y la práctica radical sólo pueden partir de este principio; es el único modo de estar en condiciones de acceder a la comprensión de esta realidad para estar en condiciones de superarla.
Conclusiones
Un acto, como la adquisición de patrullas CyberTruck y la declaración que hizo el gobernador Pablo Lemus al respecto, que se sumó a la instalación de una serie de recursos tecnológicos bajo el mismo argumento que produce una falsificación de seguridad pública, se ha vuelto revelador de lo que se pretendió ocultar: el hecho de que bajo las condiciones actuales los Estados ya no pueden garantizar lo que en la primera época de la modernidad capitalista se erigió como seguridad, estado de derecho, legalidad, derechos ciudadanos, esa serie de protecciones que estaban enfocadas en cuidar los intereses de la clase burguesa, con el fin de que el mercado pudiera funcionar de manera armónica y no se presentaran conflictos que obstaculizaran la producción y reproducción de la sociedad capitalista. Pero en realidad, ni antes ni ahora se ha tratado de dar seguridad y estabilidad a los ciudadanos; las dinámicas que se enmarcan en lo que Neocleous denominó poder policial son parte de una guerra del capital contra las clases peligrosas, contra el proletariado con la intención de expropiarle cualquier posibilidad de reproducir su existencia bajo términos ajenos al trabajo y forzarlo a subsumir su vida al trabajo.
Lo que se revela, lo que convierte a este acto banal en un analizador, es la demostración no de una ausencia de estrategia de parte del gobierno estatal para enfrentar problemas como la crisis de desapariciones forzadas en Jalisco, sino del hecho de que la estrategia más que estar contrapuesta con las acciones que lleva a cabo el llamado crimen organizado, van en la misma línea y tienen un mismo objetivo: subsumir y explotar a la clases populares que todos los días lidian con la violencia, las desapariciones, los desplazamientos, el reclutamiento forzado para convertirlos en esclavos usados como sicarios o en las industrias que sostienen estas organizaciones económicas que se enfocan en los mercados, que formalmente son considerados como ilegales, pero que son productores de capital que va al mismo lugar que el capital que se produce en las industrias consideradas legales.
Lo que encubre la estrategia de “seguridad” del Estado, es que de lo que se trata realmente es de garantizar la reproducción de un capitalismo de crisis, de que el caos, la violencia, la guerra en pocas palabras, siga siendo el vehículo principal para los procesos de acumulación en la actualidad. Lo que se ha llamado la guerra contra el crimen organizado, es el capitalismo de guerra que tiene como motor fundamental la violencia en una época en la que los territorios han sido saqueados de tal manera que se busca despojarlos a toda costa. Es la guerra que permite al capital seguirse valorizando, explotando a los trabajadores todos los días, despojando a las comunidades de sus territorios, desapareciendo personas para esclavizarlas, cazando migrantes en Estados Unidos, poniendo en marcha genocidios como en Gaza. El capital es un vampiro que sobrevive extrayendo la actividad humana creativa, por tanto, no hay forma de humanizarlo o contenerlo para que sea menos peligroso; conforme la catástrofe avance, el capital será más brutal, Gaza es el mundo que nos espera en todas partes de este planeta, por tanto, el camino que nos espera requiere y hace necesaria la abolición y la superación del capital.
Bibliografía
Álvarez Gutiérrez, O. E. (26 de mayo de 2025). TODO sobre las patrullas Cybertruck de la Policía de Jalisco. El Informador, https://www.informador.mx/jalisco/TODO-sobre-las-patrullas-Cybertruck-de-la-Policia-de-Jalisco-20250526-0051.html
Arrom, S. M. (1989). Documentos para el estudio del Tribunal de Vagos, 1828-1948. Respuesta a una problemática sin solución. Anuario Mexicano de Historia del Derecho, I, 215-235.
Beckert, Sven (2019). El imperio del algodón. Una historia global. Ciudad de México: Crítica.
Debord, Guy (2017). La sociedad del espectáculo. Aracena: Gegner.
El Informador (25 de abril de 2025). Aseguran ranchos y videovigilancia al crimen. El Informador, https://www.informador.mx/jalisco/Jalisco-Aseguran-ranchos-y-videovigilancia-al-crimen-20250425-0028.html
Escudo Jalisco. (2025). Obtenido de c5jalisco.gob.mx: https://c5jalisco.gob.mx/quienes-somos/acerca-de
Fisher, Mark (2019). Realismo capitalista. ¿No hay alternativa? Buenos Aires: Caja Negra.
García Navarro, L. (2024). Estado social y pobreza en el siglo XX mexicano: las claves de su interacción [Tesis de doctorado no publicada, CIESAS]. http://ciesas.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1015/1792
García, C. (2 de julio de 2025). Familiares de desaparecidos rechazan reformas y CURP biométrica. Expansión, https://politica.expansion.mx/congreso/2025/07/02/buscadores-de-desaparecidos-rechazan-reformas-y-curp-biometrica
Hegel, G. W. (2000). Rasgos fundamentales de la Filosofía del Derecho o compendio de derecho natural y ciencia del Estado. Madrid: Biblioteca Nueva.
Huerta, J. C. (24 de mayo de 2025). ‘Qué elegancia la de Jalisco’: Presentan patrullas Cybertruck como parte del plan de seguridad. El Financiero, https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2025/05/24/que-elegancia-la-de-jalisco-presentan-patrullas-cybertruck-como-parte-del-plan-de-seguridad/
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. (2023). Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal 2023. Presentación de resultados generales. México: INEGI. Obtenido de https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnpje/2023/doc/cnpje_2023_resultados.pdf
Kalifa, D. (2018). Los bajos fondos: historia de un imaginario. México: Instituto Mora.
Lemus Navarro, P. [@pablolemusn]. (10 de junio de 2025). En Jalisco contamos con la Policía mejor pagada… [Vídeo] TikTok. https://vt.tiktok.com/ZSSHLTf9N/
Luxemburgo, Rosa (1967). La acumulación del capital. Ciudad de México: Grijalbo, 1967.
Magallón, N. (30 de julio de 2025). Fiscalía de Jalisco 'arrastra' órdenes de captura. Mural, https://www.mural.com.mx/fiscalia-de-jalisco-arrastra-ordenes-de-captura/ar3047174
Marx, Karl (1977). El capital. Crítica de la economía política. Ciudad de México: Siglo XXI.
Mumford, Lewis (2013). El mito de la máquina. Técnica y evolución humana. Logroño: Pepitas de Calabaza.
Neocleous, M. (2003). Imagining the State. Maidenhead/Philadelphia: Open University Press.
Neocleus, Mark (2022). Maderos, chusma y orden social. Una teoría del poder policial. Iruñea-Pamplona: Katakrak.
Polanyi, Karl (2017). La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
Poulantzas, N. (2005). Estado, poder y socialismo. México: Siglo XXI Editores.
Secretaría de Gobernación. (s.f.). Comisión Nacional de Búsqueda. Obtenido de Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas: https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/Index
Thompson, Edward P (2012). La formación de la clase obrera en Inglaterra. Madrid: Capitán Swing.
Van Daal, Julius (2015). La cólera de Ludd. Logroño: Pepitas de Calabaza.
Vela, Corsino (2018). Capitalismo terminal. Anotaciones a la sociedad implosiva. Madrid: Traficantes de sueños.
Wachauf, D. (19 de marzo de 2024). Crimen organizado usa armas más sofisticadas. El Universal, https://www.eluniversal.com.mx/nacion/crimen-organizado-usa-armas-mas-sofisticadas/
Wood, Ellen M (2018). La prístina cultura del capitalismo. Un ensayo histórico sobre el Antiguo Régimen y el Estado moderno. Madrid: Traficantes de Sueños.
Wood, Ellen M (2021). El origen del capitalismo. Una mirada de largo plazo. Madrid: Siglo XXI.
[1] Los autores forman parte del grupo que coordina el seminario “El poder policial: estudios críticos sobre la fabricación del orden”, en el marco del seminario permanente “Agravio y Justicia” organizado por el Departamento de Sociología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara.
[2] La información general al respecto puede consultarse en Álvarez Gutiérrez, O. E. (26 de mayo de 2025). TODO sobre las patrullas Cybertruck de la Policía de Jalisco. El Informador, https://www.informador.mx/jalisco/TODO-sobre-las-patrullas-Cybertruck-de-la-Policia-de-Jalisco-20250526-0051.html
:
[3]Se refiere al Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de la entidad, que, “mediante la captación y análisis de información” busca “lograr la preservación de la paz y el orden público en el Estado de Jalisco (Escudo Jalisco, 2025).
[4] En el caso mexicano, a la par que se ha abierto el camino para que el Estado acceda a una mayor información de la población, como lo muestra la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, ambas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025, se han reducido los canales institucionales autónomos de transparencia que, si bien tenían importantes carencias y problemáticas de operación y origen, permitían a la sociedad tener acceso a la información pública y proteger sus datos personales. La rendición de cuentas en materia de seguridad será particularmente difícil con la aprobación de las leyes ya mencionadas. La Ley de Investigación e Inteligencia, por ejemplo, establece en su artículo 1 que la información, actividades y decisiones, entre otras, que se realicen en el marco del Sistema serán de carácter reservado y confidencial.
[5] Entre 2023 y abril de 2025 en Jalisco se han desmantelado nueve centros de videovigilancia operados por el crimen organizado; uno de ellos, localizado en el municipio de Teocaltiche, incluso se encontraba al interior de la comisaría municipal. A nivel nacional, entre 2024 y 2025 se desarmaron más de seis mil cámaras instaladas por grupos criminales (El Informador, 25 de abril de 2025). Los sistemas de videovigilancia se suman al acceso que tienen estos grupos a drones y armas exclusivas del ejército: de las más de 2 mil 300 armas decomisadas en el país por la Guardia Nacional entre 2020 y 2024, mil 82 eran de uso exclusivo del ejército, incluyendo fusiles, ametralladoras y metralletas Uzi (Wachauf, 19 de marzo de 2024).